Donde se dio cabida a las autoridades gibraltareñas al mismo nivel que dos estados soberanos
FUE el dieciocho de septiembre de 2006 y sucedió en Córdoba. Aquí fue donde, quizá por ser diputado cunero por la circunscripción electoral cordobesa, el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, decidió firmar un acuerdo que suponía algo verdaderamente extraordinario en las relaciones con el Reino Unido en los trescientos años de historia para la colonia británica de Gibraltar. Fue en Córdoba donde se reunió por primera vez el llamado Foro de diálogo Tripartito sobre Gibraltar. Fue entonces cuando quien a la sazón era ministro principal del Peñón, Peter Caruana, se sentó a la mesa de negociaciones en pie de igualdad con Geoffrey Hoon, en aquel momento ministro británico para los Asuntos con Europa, y el mencionado Miguel Ángel Moratinos, en su condición de ministro español de Asuntos Exteriores. Fue en Córdoba donde se consumó aquel desatino presentado entonces ante la opinión pública como algo excepcional y extraordinario —verdaderamente lo era—, en las relaciones de España con las autoridades del Peñón en las que Gibraltar había sido considerado tradicionalmente una fuente de conflictos, bélicos en más de una ocasión, y desencuentros entre españoles y británicos.
La decisión de Moratinos fue tan desastrosa como para asumir que las autoridades gibraltareñas tenían el mismo rango que quienes representaban a dos estados soberanos. Significaba reconocerle al ministro principal de Gibraltar un rango que jamás habría soñado con tener, de no ser por aquel «talante» que imperaba en las decisiones políticas que Rodríguez Zapatero imprimió a sus gobiernos y que, en este caso, no era otra cosa que ceder en toda la línea a lo defendido durante décadas por la diplomacia española. Moratinos se olvidaba que en Utrecht España cedía a Gran Bretaña la soberanía de la plaza —sin jurisdicción alguna— y se estipulaba que si, en alguna ocasión, los británicos renunciaban a dicha soberanía sería España quien tendría prioridad sobre cualquier otra opción para hacerse con ella.
Fue, tristemente, en Córdoba, donde se dio cabida a las autoridades gibraltareñas, al mismo nivel que dos estados soberanos, cuando su estatus no va más allá del que pueda tener cualquiera de los alcaldes de las poblaciones españolas que jalonan la bahía, como puede ser el caso de La Línea de la Concepción, Algeciras, San Roque o Los Barrios. Hay quien dice que… eran cosas de Moratinos. Tan mal debió parecer, incluso entre las filas socialistas, que su sucesora en el ministerio de Asuntos Exteriores, la también socialista Trinidad Jiménez no reunió una sola vez al mencionado foro rubricado en Córdoba. Pero la inclusión de los «llanitos» en el mismo les ha dado alas a tipos como Picardo, quien no sólo trata de evitar que los pescadores españoles echen las redes en aguas que le son propias, sino que ahora atenta contra el medio ambiente, para impedirlo por otros medios. Incluso se queja de que las autoridades españolas ejerzan el legítimo derecho que tienen a controlar la circulación de personas y bienes en su aduana. Poner coto a los desafueros de las autoridades gibraltareñas —respaldadas por el Reino Unido— y remediar las consecuencias del tripartito que se rubricó en Córdoba llevará tiempo. Esperemos que las medidas anunciadas desde el ministerio de Asuntos Exteriores corrijan el desaguisado.
(Publicada en ABC Córdoba el de agosto de 2013 en esta dirección)