La adquisición de Valderas de un piso proveniente del desahucio de su vecino es tan legal como los sobresueldos

LA Real Academia de la Lengua define al subastero como a la persona que se dedica a pujar con algunas ventajas en subastas. Es una definición que cuadra, sólo en parte, a Diego Valderas, el vicepresidente de la Junta de Andalucía. Señalo que le afecta sólo en parte porque lo que sabemos hasta ahora de Valderas es que no se dedica a pujar en las subastas, entendiendo por dedicación al ejercicio de una práctica de forma habitual. Más bien la dedicación podría relacionarse con algunos de los principales dirigentes de Izquierda Unida en Andalucía, habida cuenta que también, según sus propias palabras, quien ejerce de portavoz en el parlamento andaluz se hizo con un piso por el procedimiento de la subasta. Sin embargo, el otro aspecto que recoge la mencionada definición cuadra perfectamente con su actuación. Me refiero a lo de pujar con ventaja en algunas subastas, habida cuenta de que el dueño del inmueble, que adquirió mediante subasta a la extinta Cajasol, se lo ofreció a Valderas por el precio de la hipoteca y este lo rechazó. Luego, una vez desahuciado, concurrió a la subasta lo que proporcionó ventajas para su bolsillo. Valderas es, pues, un subastero a medias. No ejerce la actividad con dedicación, pero busca las ventajas que le ofrece el procedimiento de la subasta.

Esto de que alguien sea subastero y se haga con una vivienda procedente de un desahucio, mediante la puja en una subasta, no tendría mayor importancia. Pero se trata del vicepresidente de la Junta de Andalucía y entonces el hecho cobra un alto valor simbólico. Valderas ha convertido en una de sus banderas políticas los desahucios ejecutados por las entidades de crédito y ha declarado, pomposamente, que Andalucía es territorio libre de desahucios. Pero ahora, conocidas sus andanzas en ese terreno, sus palabras suenan a demagogia. Quien ha satanizado a bancos y cajas de ahorro por desahuciar a quienes no podían pagar la hipoteca, se ha beneficiado de esa práctica adquiriendo a una entidad bancaria la vivienda de un desahuciado. Ha actuado como un demagogo impulsando una normativa —suspendida hoy por el Tribunal Constitucional— contra esa práctica que él vio conveniente utilizar. Podrá decir que al adquirir esa vivienda actuó de forma legal. Nadie lo pone en duda. Pero es la misma legalidad que cuestiona en sus prédicas. Valderas está deslegitimado para enarbolar una bandera contra una práctica que considera detestable —lo es—, pero de la que se ha beneficiado y que le permitió hacerse con la vivienda de un vecino suyo en la localidad de Bollullos Par del Condado. El subastero Valderas, aunque la dominación no le cuadre al cien por cien, predica lo contrario de lo que ha practicado. Está ética y políticamente deslegitimado y él lo sabe, como lo saben sus correligionarios. Sus excusas sobre la legalidad o sobre el tiempo transcurrido no son más que burdas excusas.

Su adquisición de un piso a una entidad de crédito, proveniente del desahucio de su vecino, es tan legal como los sobresueldos —siempre que estén declarados a Hacienda y se haya tributado por ese dinero— cobrados por ciertos dirigentes del Partido Popular, según las cuentas de Bárcenas. Puede que todo sea legal, pero… deslegitima.

(Columna publicada en ABC Córdoba el 27 de julio de 2013 en esta dirección)