La situación en que queda el Parlamento de Andalucía, presidida por Juan Pablo Durán en su condición de presidente de dicha institución, podemos considerarla como no deseable. Ello es consecuencia de lo que ha salido a la luz en ABC en relación con la adjudicación de un contrato. Todo apunta a que ha habido mucha opacidad y numerosos indicios señalan que dicha adjudicación no está exenta de una actitud de nepotismo por parte de su presidente. El contrato en cuestión tenía como finalidad promocionar la efeméride del 4 de diciembre, al cumplirse los cuarenta años del 4 de diciembre de 1977 en que centenares de miles de andaluces pidieron autonomía. Señalemos que la promoción en los medios de comunicación, al menos los tradicionales, ha sido prácticamente nula. El contrato fue adjudicado a una empresa denominada «El Cañonazo Transmedia» por un importe de 16.994,87 euros IVA incluido.

El problema ha surgido al conocerse que en dicha empresa trabaja un sobrino del presidente del Parlamento, siendo dicha institución la que lo adjudicaba. Las explicaciones de Juan Pablo Durán a la Mesa del Parlamento no han aclarado su comportamiento en este asunto. El hecho de que trabaje en la empresa adjudicataria no es algo que per se suponga un obstáculo para la contratación, al tratarse de una relación familiar que no lo es de primer o segundo grado. Pero la misma legislación que permite la adjudicación de contratos a familiares en segundo o tercer grado, señala que, con esa relación de parentesco, si alguien forma parte de la institución que adjudica el contrato debe hacerlo constar y además abstenerse de tomar parte en la decisión. Algo que Juan Pablo Durán no hizo. Pero la oscuridad de la contratación no acaba ahí. En la documentación que ha sido entregada a los miembros de la Mesa del Parlamento puede comprobarse que la difusión del video promocional del 4 de diciembre comenzó antes de que se cumplieran los trámites preceptivos de la adjudicación.

Mal asunto porque ese dato lleva a pensar que el procedimiento estaba viciado y la adjudicación a «El Cañonazo Trasmedia» podía estar decidida de antemano. Añádase a ello que la mencionada documentación presenta numerosas lagunas tales como que en la memoria justificativa no aparezca detallado el contenido de la campaña, que no se señalen cuales son los elementos promocionales ni su duración y tampoco el número de inserciones de que consta la promoción. Eso sí, aparece de forma explícita la capacidad técnica de la empresa en la que trabaja el sobrino de Juan Pablo Durán. Todo apunta a que se trata de una verdadera chapuza porque en el aire queda la pregunta de quién indicó a «El Cañonazo Transmedia» que eran los adjudicatarios antes de que hubiera adjudicación.

Cuestiones como ésta no deberían salpicar al presidente de una institución como el Parlamento nunca. Pero menos aún en un tiempo en que la política es denostada por muchos ciudadanos, que incluso la consideran un grave problema. En un tiempo en que se ha generalizado, injustamente, que los políticos estén bajo sospecha y que se ha extendido un rechazo que lleva a afirmaciones tan burdas como «todos son iguales». Una situación como la que salpica al presidente del Parlamento de Andalucía no ayudan, precisamente, a recuperar la dignidad de un servicio público donde la ejemplaridad ha de ser norma de obligado cumplimiento.