Las elecciones generales se celebraron el 23 de junio, hace más de tres meses. Veinte días después se constituyeron las Cortes, diputados y senadores tomaron posesión de sus cargos. En todo este tiempo el gobierno, que está en funciones y no deja de tomar las decisiones que corresponden al ejecutivo, si bien con ciertas limitaciones, no ha sido controlado en el Congreso de los Diputados. No nos referimos a le existencia de una oposición, que en teoría no existe. Lo que tenemos, desde mediados de agosto, son unos grupos parlamentarios, sin que esté claro cuales sostienen al gobierno y cuales constituyen la oposición. Podemos señalar que tratándose del mismo ejecutivo que había antes de las elecciones, la oposición debe estar formada por los grupos parlamentarios que la constituían entonces. Más allá de estas teorizaciones, lo que está claro es que el gobierno ha de dar cuenta en el Congreso de su actuación y decisiones. La situación internacional es muy complicada y España está asumiendo —con repercusión muy escasa— la presidencia de la Unión Europea.

En estas circunstancias Sánchez, que no se dignó participar en el debate de investidura de Feijóo —envió a un vocero insultador para que le hiciera el trabajo—, no ha abierto la boca. Ahora tenemos otro Sánchez muy diferente al que en una situación parecida acudía al Tribunal Constitucional solicitando que se obligase al gobierno en funciones —entonces lo presidía Rajoy— a dar cuenta de su actuación al poder legislativo. Pedía que el Congreso desarrollase su función de control al gobierno y el alto tribunal dictaminó que aquella situación suponía un desdoro a los derechos del legislativo y era inadecuada. Ahora resulta evidente que ha cambiado de opinión y desde la constitución del Congreso, su presidenta, Francina Armengol no ha permitido que se constituyan las comisiones parlamentarias y sólo ha convocado dos plenos: uno para el debate de investidura de Feijóo y otro para aprobar, aunque había entrado en vigor antes de ser aprobada, la ley de utilización de otras lenguas, además del español, en la cámara.

Ahora el PP protesta por esta falta de control al gobierno —lo puso en práctica en 2016, aunque con menos descaro porque Rajoy hizo alguna comparecencia, cuando Sánchez clamaba contra lo que ahora practica— en unos momentos en que otra vez un grave conflicto desangra Oriente Medio y las partes que sustentan al gobierno en funciones manifiestan posiciones muy diferentes, o que la llegada de cayucos a la isla del Hierro está creando una situación de colapso que recuerda a la situación creada en la italiana isla de Lampedusa. Sánchez quiere permanecer ausente de cualquier crítica a sus negociaciones, sobre las que el oscurantismo es total, acerca de las concesiones a Bildu, los herederos políticos de ETA o con los independentistas catalanes a los que busca conformar con una amnistía que negaba hace sólo unas semanas, cuando buscaba votos hasta debajo de las piedras, según sus propias palabras, diciendo que no haría lo que ahora parece dispuesto a hacer porque, una vez más, ha cambiado de opinión. Lo hace demasiadas veces lo que, según dijo Felipe González, es cosa de necios. También es cosa a tener en cuenta en quienes apoyan al no tiene reparo en mentir de forma continuada.

(Publicada en ABC Córdoba el viernes 27 de octubre de 2023 en esta dirección)