Es una realidad que las sequías son recurrentes -no debemos perder de vista que nuestro clima está catalogado como Mediterráneo- porque la meteorología por estas latitudes suele ser caprichosa. Eso significa que en épocas de sequía la falta de agua se convierte en un serio problema.

Unos afirmarán que la sequía que padecemos es una consecuencia más del llamado «cambio climático». Otros sostendrán que lo es por un uso indebido. Lo cierto es que el agua se consume ahora en mayores cantidades que en otras épocas. Pero nos equivocaríamos si pensásemos que, principalmente, es debido a los cambios habidos en las normas de higiene y su consumo en los hogares.

Eso es una minucia si lo comparamos con el hecho de haber convertido en regadíos, tierras de secano que son propias de los climas mediterráneos. También, en la actualidad, es debido a ciertas prácticas -reprobables desde cualquier punto de vista- que han sido utilizadas por las compañías eléctricas.

No han dudado en vaciar ciertos pantanos, toda una arbitrariedad en las circunstancias en que nos encontramos, para obtener energía barata que luego nos han cobrado al precio de gas porque así está establecido en una legislación que sólo se explica, presuntamente, por la presencia de ciertas personalidades en los consejos de administración de las mencionadas empresas.

En nuestra opinión, con demasiado retraso, la Diputación Provincial ha decidido establecer una Ordenanza de Sequía para hacer frente a los problemas derivados de la situación en que se encuentran los pantanos cordobeses, que es la peor en la cuenca del Guadalquivir y de toda España. Estamos ante una emergencia por lo que esa ordenanza es de todo punto necesaria. En ella se contempla penalizar los consumos excesivos de agua.

Así ha de ser porque, de lo contrario, la emergencia se convertiría en algo insostenible. No entramos en las disquisiciones que dicha ordenanza ha provocado al obligar no sólo a la empresa que gestiona el agua dependiente de la propia Diputación Provincial, Emproacsa, sino también a las empresas particulares que gestionan la de algunos municipios cordobeses.

El ahorro y las sanciones que se deriven de un consumo inadecuado de agua en una situación como la que nos afecta, han de ser para todos. Independientemente de quien tenga la gestión. Eso también debe tenerlo presente algún ayuntamiento, como el de Cabra, que ni entregó la gestión de su agua a la empresa de la Diputación Provincial, ni tampoco se ha dejado tentar, al menos hasta el momento, por las ofertas de empresas privadas que en algún lugar, como es el caso de Priego cuya gestión fue privatizada por el PSOE, ha dado lugar a problemas muy serios.

La sequía ha llevado a que el caudal de nuestros ríos no sólo sufra estiajes, sino a que prácticamente desaparezca. La imagen del Guadalquivir a su paso por Córdoba es algo más que lamentable. Casi se puede cruzar a pie enjuto por algunas partes y desprende malos olores como consecuencia del agua estancada. Qué lejos quedan los tiempos -era rey Felipe II- en que se planteó la posibilidad de que el Guadalquivir fuera navegable hasta Córdoba. El agua, tan escasa en estos tiempos, es tan vital que no pueden permitirse consumos desaforados.

(Publicada en ABC Córdoba el viernes 21 de octubre de 2022 en esta dirección)