Hay en España una tendencia acentuada al revisionismo constitucional. Alguna influencia habrá tenido el baile de constituciones que nuestro país vivió en el siglo XIX en que, poco menos que a cada cambio en la tendencia ideológica del gobierno, le sucedía una nueva constitución que respondiera a sus planteamientos. Ese baile se rompió con la Constitución de 1876, la de Cánovas y Sagasta, con la que se dio cuerpo político a la restauración borbónica. Aquella constitución estuvo en vigor hasta 1923 cuando Primo de Rivera dio su golpe de estado. Fueron cuarenta y siete años; a la constitución que nos rige, la de 1978, le queda solo un par de años para alcanzarle.
Hay voces que, desde hace años, se alzan hablando de la necesidad de reformar la constitución. Algunos señalan como gran argumento que esa constitución no fue redactada por su generación y por lo tanto no la consideran suya. Muchos de ellos son adanistas quienes que están convencidos de que son el principio de todo y lo anterior no tiene valor. Cierto que el paso de los años obliga a ciertas modificaciones del texto constitucional, pero de ahí a considerar que es necesaria una nueva constitución hay un trecho que parece demasiado largo. Días pasados el lehendakari Urkullu volvía a plantear -la idea no es nueva, tiene medio siglo- lo que se denominó la España de las dos velocidades. Por un lado, lo que para él son nacionalidades históricas -País Vasco, Cataluña y Galicia- por otro, todas las demás.
La Constitución de 1978 -básicamente pactada por el PSOE y la UCD- contempla en su título VIII ‘De la organización territorial del Estado’ que la forma de acceder a la autonomía podía hacerse por la vía de dos artículos diferentes, el 151 y el 144. La vía del artículo 151, la Constitución no lo dice expresamente, estaba reservada a las que fueron consideradas como nacionalidades históricas -el carácter histórico se lo daba el que hubieran tenido aprobado un estatuto de autonomía durante la Segunda República-, mientras que la vía del artículo 144 era la que se había articulado para los demás.
Fue Andalucía la que rechazó a aquel planteamiento. Una gran manifestación llenó las calles de sus ciudades el 4 de diciembre de 1977, señalando que Andalucía no se resignaba a quedar en la segunda velocidad. Aquello derivó en el referéndum del 28 de febrero de 1980, convocado con una pregunta difícil de comprender y con resultados que se contabilizaban no, como es habitual, sobre los votos emitidos, sino sobre el censo. Su resultado llevó al gobierno de la UCD a aceptar para Andalucía -en realidad aquella aceptación afectaba a toda España y fue el ’café para todos’- a desarrollar su autonomía por la vía que se había diseñado para el País Vasco, Cataluña y Galicia.
Fue desde Andalucía desde donde se rompió aquella España de dos velocidades que, poco a poco, se ha ido imponiendo en la práctica y que Urkullu ha planteado llevarla a una reforma constitucional. Hoy el Partido Andalucista ha desparecido, el PSOE está en manos de Sánchez y el PP gobierna Andalucía, ¿reaccionará Andalucía como hace casi medio siglo?
(Publicada an ABC Córdoba el 8 de septiembre de 2023 en esta dirección)