Hay cosas que no tienen remedio. Una de ellas es la tendencia que tenemos en Córdoba a enredar las cosas. Más que una costumbre se trata ya de una especie de tradición. La ciudad ha perdido no pocas oportunidades como consecuencia de los dimes y diretes en que se han enfrascado en demasiadas ocasiones las diferentes administraciones que tienen competencias sobre ella. Otras veces ha sido el prurito de remarcar o modificar un detalle menor, que ha acabado afectando al conjunto de una infraestructura. También a los debates que se han abierto en el seno de una misma institución. Resulta evidente que esos enredos hicieron que la colección de Pilar Citoler, que podía haber sido un elemento de impulso a la cultura cordobesa, sea hoy una realidad… en Zaragoza. Fue un derroche lo que se gastó en proyectos sobre la construcción del inexistente, después de varias décadas, Palacio de Congresos del que la ciudad aún carece. Seguimos enredados con la ejecución de los accesos al espacio conocido como C4 -¡vaya nombrecito!- que sigue sin uso y cerrado a cal y canto. ¡Qué decir de la demora de lo que hoy es el puente de Miraflores, sometido a un debate infinito en lo que a su ubicación y la forma que debía adoptar la estructura se refiere! La lista podría ser interminable.

Ahora tenemos un nuevo affaire en el horizonte. No me refiero a la orden de quitar a San Rafael del Ayuntamiento, rápidamente retirada. Lo que ahora está en el aire es la cesión de los terrenos municipales en los que estaba prevista la construcción de la Ciudad Deportiva del Córdoba C.F. La Asesoría Jurídica de la nueva corporación ha emitido un informe señalando que es nula la cesión realizada a la entidad blanquiverde por la anterior corporación. Argumenta, entre otras razones, que la parcela en cuestión corresponde a una zona catalogada como verde. Inmediatamente, los miembros del anterior gobierno municipal -ahora en la oposición- han presentado un informe de la Secretaría General del Ayuntamiento donde se señala la validez de la cesión municipal. En su informe, el secretario sostiene que para ubicar las instalaciones deportivas no se va más allá del 25 por ciento de la zona verde en cuestión, porcentaje que está contemplado en el PGOU y por lo tanto no es necesaria una modificación del mismo, como señala la Asesoría Jurídica, añadiendo que, cuando se trata de equipamientos comunitarios de interés general, como puede ser en caso de instalaciones deportivas, es factible disminuir las zonas verdes.

Parece evidente que los equipamientos deportivos revisten interés general, pero el Córdoba C.F es lo que se conoce como una Sociedad Anónima Deportiva con propietarios particulares. ¿Es en este caso la cesión municipal algo de interés general? La masa social del Córdoba CF parece avalarlo, pero la propiedad sobre el equipo de fútbol representativo de la ciudad pertenece a un señor con nombre y apellidos que puede vender, con lucro personal o sin él, dicha entidad deportiva. No entramos en el fondo legal del asunto, pero nos parece que hay materia de debate. Se habla ya de una consulta al Consejo Consultivo de Andalucía para que dirima las posturas enfrentadas en el seno de la institución municipal. El pulso será largo y podría ser que las expectativas de un equipamiento deportivo se queden sólo en eso, en expectativas. Estamos… como siempre.

(Publicada en ABC Córdoba el 18 de julio de 2015 en esta dirección)