Desde el primer momento del actual mandato municipal el Impuesto de Bienes Inmuebles se ha convertido en una referencia de la actuación municipal, aunque hasta la presente —menos mal— casi todo se ha ido en declaraciones.
El IBI es hoy la principal fuente de ingresos de los ayuntamientos junto con la participación de las entidades locales en los tributos de Estado. Una participación que siempre resulta escasa porque, al igual que le ocurre a la delegada de Participación Ciudadana, Hacienda, Salud y Consumo, y Vivienda cuando habla del IBI, todo se queda en palabras. Han pasado muchos años desde que se formuló la distribución adecuada de los recursos tributarios —cincuenta por ciento para el Estado, veinticinco para la comunidad autónoma y otro veinticinco para las administraciones locales-. Una distribución en la que todos dicen estar de acuerdo, pero nadie lleva a la práctica.
La delegada en cuestión, comenzaba el mandato con una declaración que tenía mucho de amenaza: aplicar un recargo, nada más y nada menos, que del cincuenta por ciento al IBI para todas aquellas viviendas o locales que estuvieran desocupados. No se molestó mucho en definir que se entendía por vivienda desocupada y menos aún en aclarar las circunstancias que habían de darse para aplicar tan escandaloso recargo. Llevarlo a la práctica —más allá de las numerosas dudas legales que el planteamiento presentaba— resultaba mucho más complicado que hacer una declaración que, año y medio después, tiene todos los visos de ser un brindis al sol. Para aplicarlo, es necesario que primero se defina el concepto tributario para, a continuación, hacer un censo de las viviendas y locales que quedaran afectadas por el tributo.
Hace dos meses el IBI volvía a la palestra. Izquierda Unida planteaba un alza del seis por ciento —gobernar para la gente—, lo que supone un auténtico atraco fiscal a los bolsillos de una buena parte de los cordobeses, sobre todo habida cuenta de que el Índice de Precios al Consumo está plano. El anuncio hizo que en el bipartito crujieran las costuras. Se explicó entonces que la subida es consecuencia de una revisión catastral y que el Ayuntamiento reduciría su impacto a la mitad, al rebajar el impuesto un tres por ciento. Ese tres por ciento es el que aparecía en el anteproyecto de la fiscalidad municipal para el próximo año. Era un alivio a la voracidad, pero teniendo en cuenta los valores en que se mueve el IPC, el tres por ciento seguía siendo una bofetada fiscal y desde la principal —al menos en número de ediles— de las patas del cogobierno tampoco se veía clara esa subida. La solución definitiva llegó desde quien tiene la capacidad de decidir en última instancia. Está fuera del gobierno, sin estar tampoco en la oposición. El rechazo de Ganemos Córdoba a cualquier subida en este terreno asestó el golpe de gracia a las pretensiones de la delegada de Hacienda. También el tres por ciento se cae.
Quizá sea porque dicha delegada tiene muchas otras obligaciones, más allá de las hacendísticas, por lo que esto del IBI no suele manejarlo con la soltura que tan importante gabela requiere. Amén de un brindis al sol —al menos momentáneo— con el recargo del cincuenta por ciento, lo del seis por ciento, rebajado luego al tres para quedar finalmente en agua de borrajas, es como recibir, en términos taurinos, los tres avisos de rigor y terminar con el toro en el corral.
(Publicada en ABC Córdoba el 9 de noviembre de 2016 en esta dirección)