La solución no está sólo en reponer el cable robado, sino en unas leyes más efectivas para actuar contra los compradores.
LA metalurgia del cobre fue la primera que el hombre practicó dando comienzo a la denominada Edad de los Metales. Desde una época tan lejana el cobre ha sido un metal altamente valorado. Sus propiedades permiten un amplio abanico de posibilidades al ser dúctil, maleable y elástico, además de un excelente conductor de la electricidad. Esta última característica lo hace un elemento insustituible, por ahora, en diferentes aplicaciones en la sociedad de nuestro tiempo, convirtiéndolo en un codiciado objeto de deseo para los cacos. Su robo es hoy un lucrativo negocio a la vez que un grave problema. El Ayuntamiento de Córdoba y los vecinos de numerosos lugares de la ciudad —ABC recogía días pasados una larga lista de puntos que presentan incidencias— se encuentran con una seria dificultad. La sustracción del cable de cobre de las farolas del alumbrado público deja a oscuras una zona. Los ladrones no paran, como tampoco paran los desalmados que compran dicho cable sabiendo que su procedencia es fruto del latrocinio.
Señala la edil de Infraestructuras que desde el año pasado se ha repuesto la friolera de cincuenta y siete kilómetros de cable eléctrico en diferentes lugares de la ciudad y que, en algunos casos, ha vuelto a desaparecer. Quedan por reponer unos sesenta kilómetros y esa cifra aumenta de forma continua porque los robos son cotidianos y el presupuesto a duras penas permite afrontar el problema, pese a su incidencia ciudadana y a que la falta de alumbrado público permite que se cometan otra clase de desmanes.
El robo de cobre se ha convertido en Córdoba, como en muchos otros lugares, en un serio problema con ribetes sociales. No sólo el alumbrado público es el objeto de las sustracciones. Los ladrones buscan el llamado oro rojo en cualquier sitio del que puedan robarlo. Se lo llevan del cableado eléctrico de las líneas de ferrocarril con el grave peligro que supone, se lo llevan de las instalaciones de compañías de suministro eléctrico e incluso, en pequeñas cantidades, de motores y otras instalaciones en zonas rurales. No sólo por el volumen de lo sustraído —estamos hablando de cientos de miles de euros—, también por su incidencia social estamos ante una situación que despierta alarma social porque al daño se une la impunidad con que actúan los ladrones quienes, conocedores de una legislación permisiva, en sus robos no se exceden de cantidades que permiten catalogarlos como hurto. Los ladrones se jactan incluso de la impunidad con que actúan lo que añade escándalo a sus fechorías. Hay casos con docenas de hurtos y sus autores en la calle dispuestos a seguir haciéndolo y a dejar a los vecinos a oscuras o sin teléfono y con los riesgos que conllevan la desaparición de tomas de tierra. La solución no está sólo en reponer el cable, sino en una legislación que permita mayor efectividad y permita actuar contra los compradores a pequeña y gran escala que dan salida a un comercio lucrativo. Para muchos cordobeses es un problema y para todos un quebranto al destino de nuestros impuestos. Lo dicho, además de reponer, el legislador debería actuar para que la aplicación de la ley sea más disuasoria con aquellos que se dedican a robar y de paso fastidiar al prójimo.
(Publicada en ABC Córdoba el 25 de septiembre de 2013 en esta dirección)