Estos días han salido a la luz pública las actuaciones de dos delegadas de la Junta de Andalucía que nos recuerdan a las de los caciques del régimen de la Restauración. Una se llama Irene Sabalete y la otra Manuela Gózmez.
Joaquín Costa, el regeneracionista aragonés que, en 1901, publicaba “Oligarquía y caciquismo”, tendría motivos para volver a hacerlo más de cien años después. Lo tendría ante algunas de las cosas que definen en buena medida la situación política de la Andalucía de hoy. Clamaba Costa entonces por la necesidad de que las escuelas se convirtieran en la columna vertebral de la sociedad -planteamiento muy alejado del papel de enseñanza secundaria que da nuestro sistema educativo a la antigua enseñanza media-, y clamaba para que las despensas estuvieran llenas. Señalaba la necesidad de regenerar el sistema político imperante, ideado por Cánovas del Castillo con la impagable colaboración de Sagasta, que estaba dominado a lo largo y ancho de la geografía peninsular por grupos de oligarcas que ejercían el poder a través de una densa y tupida red de caciques.
Estos días han salido a la luz pública las actuaciones de dos delegadas de la Junta de Andalucía que nos recuerdan a las de los caciques del régimen de la Restauración. Una se llama Irene Sabalete y la otra Manuela Gózmez.
Sabalete, en su condición de delegada de la consejería de Empleo en Jaén, dio instrucciones a los trabajadores de dicha delegación para que, en las elecciones de 2012, abandonaran sus actividades y se convirtieran en agentes electorales del PSOE. Debían visitar las empresas que habían recibido subvenciones de la Junta. La amenaza era rotunda: si el PSOE dejaba de gobernar se quedaban sin trabajo. La actuación de Sabalete, que se ha conocido ahora, es una muestra actual contra lo que clamaba Costa hace más de un siglo, cuando abominaba de aquella España de oligarcas y caciques. La imagen de los trabajadores de la delegación de Empleo de Jaén nos trae a la memoria una de las imágenes más típicas de aquella sociedad oligárquica y caciquil: los cesantes. Gentes que trabajaban en la administración pública y que perdían el empleo al producirse un cambio de gobierno. Esa era la amenaza de Sabalete: los trabajadores se quedarían sin empleo si el PSOE dejaba de gobernar en Andalucía. Ha sido cesada de sus funciones por haber sido imputada en el caso del fraude en los cursos de formación.
La otra, Manuela Gómez, es delegada en Córdoba de la consejería de Educación, Cultura y Deporte. Tras las elecciones del 22 de mayo, escribió una carta a los trabajadores de su delegación que no tiene desperdicio. Se dirige a ellos como a conmilitones que han librado juntos una batalla. Su carta establece una relación entre la actividad de esos trabajadores y el éxito electoral del PSOE. Incluso les felicita por ello y se refiere a la campaña electoral como dos semanas vividas de forma apasionante. Gómez no llega a los extremos de Sabalete, pero actúa desde parámetros similares y que pueden resumirse en la idea que algunos representantes políticos tiene de lo que es la administración andaluza: un instrumento al servicio de su partido. Ejercen el mismo papel de los antiguos caciques de la época de Joaquín Costa. Se ejercitan en las mismas actividades para lograr el principal de sus objetivos que no es otro que el de lograr el éxito en su circunscripción electoral, a cualquier precio.
(Publicada en ABC Córdoba el 28 de marzo de 2015 en esta dirección)