Una de las realidades de nuestro tiempo es que el prestigio social del profesorado se encuentra por los suelos. Algunos sostienen que en las encuestas la valoración, los profesores no sale mal parados. Pero a estas alturas, entenderán ustedes que no sean muchos quienes dan mucho valor a las predicciones demoscópicas cuyos aciertos están más que puestos en entredicho. En numerosos colegios e institutos de Andalucía, aunque la administración educativa lo niegue ¡faltaría más!, los profesores han de librar diariamente una auténtica batalla para poder impartir la docencia y desarrollar de forma adecuada los programas educativos de sus disciplinas académicas.

Hay centros educativos que se han convertido en recogederos de jóvenes, en edad conflictiva, que carecen del menor deseo de aprender y que con frecuencia están dispuestos a fastidiar el desarrollo de las actividades en el aula. Es una respuesta al rechazo que les produce el encierro a que se les somete. Las puertas de los centros permanecen cerradas a cal y canto y en mucho de ellos los profesores han de ejercer de vigilantes durante las horas de recreo para evitar que salgan fuera del centro.

Así las cosas los índices de fracaso escolar en Andalucía son los más altos de España y de los más altos de Europa. Eso explica los intentos promovidos por la administración educativa andaluza, en muchos casos carentes de ética, para buscar la disminución de tan escandalosos porcentajes. Hace años lo intentó mediante la entrega de un complemento, llegaba a los siete mil euros anuales, a los profesores de aquellos centros que se avinieran a asumir el incremento del número de aprobados en un cierto porcentaje. En la inmensa mayoría de los claustros, pese a la machacona insistencia administrativa, se rechazaba aceptar propuesta tan inicua. El fiasco administrativo fue tal que acabaron por cejar en su empeño.

Recientemente se ha vivido un episodio en un instituto de Montilla -no es una excepción puesto que ocurre con cierta frecuencia- que ha dejado el prestigio de los profesores por el suelo. Un alumno que durante el pasado curso académico no había aprobado ninguna de las evaluaciones y tampoco las recuperaciones programadas, fue suspendido en la convocatoria de junio en la asignatura de Historia.

El alumno reclamó a la Delegación Provincial de Educación de Córdoba, pero su reclamación fue desestimada. Otro tanto ocurrió con la convocatoria de septiembre donde la calificación obtenida fue de un dos, al tener casi dos tercios de las respuestas en blanco. Nueva reclamación. El departamento de Historia del centro ratificó la nota del profesor, después de valorar el examen. La familia del alumno acudió nuevamente a la delegación educativa provincial y la reclamación llegó a Sevilla, al mismo corazón de la Consejería.

Allí un comité de sabios salomones decide que el susodicho alumno debe aprobar la asignatura porque quien le ha evaluado no ha tenido en cuenta su grado de madurez. El argumento no puede ser más estrafalario ni el razonamiento más chusco. La decisión supone un mazazo a la capacidad profesional del docente que está en manos de decisiones tan arbitrarias.

En Sevilla se le aprueba por su grado de madurez cuando no había aprobado ninguna de las evaluaciones del curso ni la prueba final de junio, ni la convocatoria extraordinaria de septiembre. Estamos ante un atropello en toda regla, a ese profesor y a la profesión en general. Nos preguntamos acerca de cuál será el ánimo de ese docente y de otros a la hora de ir a clase. Es fácil adivinarlo. Hay indignación y justa cólera entre los docentes.

(Publicada en ABC Córdoba el 4 de febrero de 2017 en esta dirección)