SIEMPRE ha existido el acoso, la intimidación y el hostigamiento, pero en nuestro tiempo, caracterizado por las tensiones y la crispación de una situación donde importantes derechos constitucionales no son sólo declaraciones teóricas, sino simple papel mojado, se han convertido en algo cotidiano. Ahora se les suele denominar escraches, por esa costumbre tan hispana de considerar lo foráneo mejor y hasta más valioso. Esos acosos, hostigamientos, intimidaciones, acorralamientos, provocaciones, apabullamientos… (el español es muy rico en expresiones para referirse al concepto que el lector tiene en mente) se producen por motivos muy diversos y en las más variadas circunstancias, pero todos tienen un denominador común. Sus participantes lo hacen en masa, invocan la libertad de expresión —incluso cuando coartan la de quienes son sometidos a actuaciones de este tipo—, suelen ser vocingleros y maleducados, muchos de ellos se cubren el rostro y en algunas ocasiones tienen comportamientos violentos.

La defensa de la libertad de expresión ha llevado a la justificación de esta forma de acoso, intimidación y hostigamiento. Algunos políticos consideran ilegal que se proceda contra esta clase de actuaciones. Incluso han hecho llamamientos alentándolas, entendiendo que ello podía reportarles réditos políticos.

En Andalucía hemos visto a estos acosadores y hostigadores en situaciones muy variadas. Más allá de hacerlo con algunos políticos, por lo general ligados ideológicamente a posiciones de derechas, han buscado intimidar a la jueza Mercedes Alaya a la puerta de la Audiencia Provincial de Sevilla con motivo de la comparecencia judicial de algún sindicalista al que consideraban víctima de una campaña orquestada desde la derecha, ciertos medios de comunicación y la mencionada jueza. Protestaban contra el procedimiento judicial considerándolo una especie de contubernio que recordaba a otros orquestados en tiempos pretéritos donde se mezclaba a comunistas, judíos y masones. Los hemos visto, días atrás en la Universidad de Granada, impidiendo hablar al secretario general del PSOE, cuando se disponía a impartir una conferencia bajo el llamativo título de «Contribución de la química a la política». Rubalcaba se vio obligado a abandonar el aula granadina sin poder impartir su conferencia. Algo parecido le ha ocurrido a Fabián Picardo, el ministro principal de Gibraltar que se vio obligado a abandonar la Escuela Politécnica de Algeciras, perteneciente a la Universidad de Cádiz, sin poder pronunciar la conferencia programada, ante las protestas de los pescadores y un grupo que rechazaba su presencia en Algeciras, por considerarlo un colonialista impresentable. La inoportunidad del acto, con un protagonista que no he dejado de provocar con acciones ilegales y declaraciones tabernarias contra España en foros internacionales, era manifiesta. Pero dicha inoportunidad no justifica la actuación de quienes le impidieron hablar.

A la puerta de los juzgados ante la de domicilios particulares o en las aulas docentes esta clase de acciones no son de recibo. En modo alguno pueden justificarse cuando los acosadores coinciden, en el plano teórico, con nuestros propios planteamientos. Su actuación no puede encubrirse con el derecho a la libertad de expresión porque, en modo alguno, son un ejemplo de manifestación democrática como pretende Oscar López, secretario de Organización del PSOE. Si tiene dudas que le pregunte a su compañero Rubalcaba por lo ocurrido en Granada.

(Publicada en ABC Córdoba el 4 de diciembre de 2013 en esta dirección)