¿Se imaginan que el falso letrado que asesoraba a personas desahuciadas lo hubiera sugerido el PP?
ABOGADO de secano es una locución coloquial que se utiliza para referirse a un letrado que no ejerce ni sirve para ello. Se utiliza para señalar a aquel que, sin haber estudiado jurisprudencia, presume de serlo. También para definir al rústico avisado y astuto en el manejo de los negocios superiores a su educación. Hay incluso más definiciones, pero todas nos conducen al mismo lugar. Tenemos, pues, donde elegir, pero todas se quedan cortas para referirnos al individuo que, recientemente, ha denunciado la plataforma «Stop Desahucios» por falsedad ante el Colegio de Abogados de Córdoba. Según dicha plataforma se trataría de un farsante. No nos encontraríamos en el caso de un leguleyo que actúa ilícitamente en el ejercicio de la abogacía, sino ante un sujeto que carece del título requerido para el ejercicio de la profesión y, consecuentemente, no se encuentra colegiado. No lo está en el colegio cordobés ni en ningún otro de la geografía española. No se trata por lo tanto de un incompetente sino de un estafador que había requerido dinero a algunas familias que se han encontrado en trance de verse desahuciados. Hasta aquí la noticia que, recogida días pasados por ABC, no pasaría de ser una historia más de las muchas que acumula la picaresca nacional. Sin embargo, la cuestión adquiere otra dimensión dadas las circunstancias que concurren en el caso. La primera es el lugar —los abogados en ejercicio lo llaman despacho— donde este «abogado de secano», que presumía de letrado sin haber estudiado jurisprudencia, recibía a sus clientes. Su despacho era una sede del Partido Comunista de Andalucía que dicha formación había puesto a su disposición. Concretamente la que tiene en el Sector Sur.
El «despacho» continuó abierto, pese a que algunos integrantes de la mencionada plataforma, advirtieron a varios dirigentes comunistas, entre los que se encontraba la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, o quien fuera diputado del Parlamento de Andalucía y que actualmente ejerce como jefe del gabinete de dicha consejera, Manuel López Calvo. Otra circunstancia del caso señala que fue el propio López Calvo —así se recoge en la denuncia— quien recomendó el nombre del mencionado «abogado» que no sólo cobraba dinero a las familias que acudían a él en busca de una defensa de la que la formación izquierdista había hecho bandera, sino que les retenía la documentación relativa al proceso de desahucio.
Hasta el momento ni la consejera de Fomento, que considera uno de los pilares del desarrollo de nuestra tierra el carril bici, la que nada quiere saber de lo que ocurre con las obras de la llamada Autopista del Olivar, a la que mejor sería denominar como autopista del Olvido; ni tampoco su jefe de gabinete han dicho esta boca es mía. ¿Se imaginan a la susodicha consejera o a su jefe de gabinete, tan sensibilizados con las cuestiones relativas al penoso trance en que se ven muchas familias a causa de los desahucios, si el farsante en cuestión hubiera sido hechura del Partido Popular? ¿Se imaginan adónde habría llegado en sus peticiones de responsabilidades? Seguramente estarían denunciando el contubernio entre la banca y la derecha. Pero, dadas las circunstancias, chitón. Como su correligionario Valderas con la compra del piso de un desahuciado.
(Publicada en ABC Córdoba el 22 de marzo de 2014 en esta dirección)