Gibraltar es un nido de contrabandistas desde hace siglos, y desde hace años centro de blanqueo de capitales y un paraíso fiscal

LA desfachatez es moneda corriente en las declaraciones de las autoridades relativas a Gibraltar. Una de las últimas pruebas la tenemos en la petición de David Cameron, primer ministro de Su Graciosa Majestad, solicitando a las autoridades de Bruselas que envíen observadores a la verja de Gibraltar para que levanten acta de los atropellos que, según él, las autoridades españolas vienen cometiendo por ejercer las funciones de control en una de sus fronteras, al tiempo que anuncian que están recopilando pruebas para demostrar la ilegalidad de dicha actuación. Desfachatez, una vez más, en toda regla. El tratado de Utrecht, el que da validez histórica a la presencia de los británicos en el Peñón, señala en su artículo X, en el que se recoge todo lo relativo a la cesión de la soberanía de Gibraltar, que «para evitar cualquiera abusos y fraudes en la introducción de las mercaderías, quiere el Rey Católico (denominación en el lenguaje diplomático de la época a los reyes de España), y supone que así se ha de entender, que dicha propiedad se ceda a la Gran Bretaña sin jurisdicción alguna territorial y sin comunicación alguna abierta con el país circunvecino por parte de tierra. Y como la comunicación por mar con la costa de España no puede estar abierta y segura en todos los tiempos, y de aquí puede resultar que los soldados de la guarnición de Gibraltar y los vecinos de aquella ciudad se vean reducidos a grandes angustias, siendo la mente del Rey Católico sólo impedir, como queda dicho más arriba, la introducción fraudulenta de mercaderías por la vía de tierra…». Es decir, cesión sin jurisdicción territorial y sin autorización para comerciar, salvo cuando se trate del abastecimiento de la guarnición y los vecinos cuando los vientos del estrecho impidan la entrada de barcos al puerto gibraltareño. El poco celo que las autoridades españolas han tenido, con más frecuencia de la debida, en el control de esa frontera ha hecho que la rotundidad explícita recogida en el tratado, en lo referente a la introducción de mercancías de forma fraudulenta, es decir el contrabando, haya sido papel mojado de forma habitual. Falta de celo permitió, entre otras cosas, que en la zona del istmo los británicos construyeran un aeródromo, al que se le dio carta de naturaleza en los años en que el Ministerio de Asuntos Exteriores estuvo en manos de Moratinos.

Esa falta de celo no puede justificar en modo alguno la desfachatez de David Cameron cuando las autoridades españolas han decidido en el uso del legítimo derecho que les asiste, tanto por lo recogido en el tratado de Utrecht como por lo estipulado en la legislación internacional, ejercer el control en esa frontera, habida cuenta de que Gran Bretaña, y en consecuencia los gibraltareños que tan orgullosos se sienten de su nacionalidad británica, no firmó el tratado de Schengen que es donde se recoge la libre circulación de personas, mercancías y capitales entre los países acogidos a dicho acuerdo. El contrabando contraviene la legislación, como también lo contraviene el blanqueo de capitales y la existencia de paraísos fiscales. Que no se queje Cameron de unos controles que nunca deberían relajarse porque, entre otras cosas, Gibraltar es un nido de contrabandistas desde hace siglos, y desde hace años centro de blanqueo de capitales y un paraíso fiscal.

(Publicada originalmente en ABC Córdoba el 31 de agosto de 2013 en esta dirección)