Hace varias semanas que el campo se ha echado a la calle para protestar de la situación que viene padeciendo desde hace mucho tiempo. Ha invadido con sus tractores las carreteras provocando cortes en importantes vías de comunicación. Se ha cerrado el paso a centros de distribución de productos del campo. Se han tirado tomates o se ha derramado leche. También, en algunos sitios, se han ofrecido productos.

El fenómeno no es exclusivamente español. Ha habido protestas en muchos otros países de Europa. En Francia, ante la habitual pasividad de los gendarmes, se han tirado los productos del campo español y Ségolène Royal, la que fuera ministra de muchas cosas, no de agricultura, en varios gobiernos socialistas y candidata derrotada a la presidencia por Nicolás Sarkozy, se despachó atacando la calidad de los productos agrícolas españoles, con el mismo fundamento que Roselyne Bachelot, ministra de Salud y Deportes, difamó a Nadal, acusándole de drogarse. Por ello fue condenada por los tribunales. En España algunos agricultores tiraron productos extranjeros a las calles, lo hicieron después de comprarlos en los supermercados.

Las protestas de agricultores y ganaderos están más que justificadas. En muchos casos llevan tiempo trabajando a pérdidas. Lo que la cadena de intermediarios eleva el precio de los productos cuando llega al consumidor es escandaloso y arranca de pagar unos precios ridículos a quienes los producen. La burocracia de Bruselas —uno de los grandes males que aquejan a la Unión Europea — los acogota con exigencias administrativas que, además de ser agobiantes, resultan ridículas en algunos casos. Les obliga a producir prohibiendo abonos y pesticidas considerados nocivos, pero permite que productos criados fuera de la Unión con los abonos y pesticidas que aquí se prohíben, entren en los mercados europeos. La lista de agravios es muy larga. La misma reina Letizia, al pasar el coche que la llevaba ante una concentración de protesta, les mostró su apoyo con un gesto. Según las encuestas un elevado porcentaje de españoles apoya esas protestas. Quienes no lo hacen son la UGT y CC.OO.

Esos agricultores y ganaderos —muchos forman parte de la llamada España vaciada — han querido que su protesta llegue a la población urbana. La que llena sus neveras con lo que ellos producen, sin tener un conocimiento muy claro de ello. Han querido entrar en las ciudades y lo han hecho en Zamora, en Valladolid, en Ciudad Real, en Granada incluso en Madrid donde han llegado hasta la sede del ministerio de Agricultura. Pero no se ha permitido que los tractores entren en Córdoba y lleven su protesta ante la subdelegación del gobierno, la que representa al gobierno de progreso que preside Pedro Sánchez. La subdelegada, que lleva un mes en el cargo, no lo ha permitido, argumentando que no contaban con el permiso correspondiente. Ordenó que un fuerte cordón de policía nacional lo impidiera. Los policías cumplieron con las órdenes recibidas. Era su obligación. Los agricultores se encresparon. Hubo enfrentamiento y violencia. El resultado fue cuatro policías heridos levemente y tres agricultores detenidos.

La pregunta es ¿por qué en Córdoba, donde la importancia de la agricultura es fundamental en su economía, no se permitió lo que en otros sitios si se pudo hacer?

(Publicada en ABC Córdoba el viernes 23 de febrero de 2024 en esta dirección)