En una democracia que se precie de serlo, la separación de poderes es uno de sus pilares fundamentales. Aunque cuando Alfonso Guerra sostenía cosas diferentes a las que sostiene de un tiempo a esta parte -ahora su concepto de estado aparece mucho más acrisolado en sus declaraciones- dijera aquello de que Montesquieu había muerto, los poderes del estado aparecen como separados. Cierto es que las injerencias políticas en el poder judicial están presentes y buena prueba de ello son las cuotas que ejercen los partidos políticos en el nombramientos de los representantes de importantísimas instituciones de la judicatura. Pero en esencia el poder judicial se presenta como un poder independiente en un momento en que la presidenta del Congreso de los Diputados, nada más y nada menos que la presidenta del Congreso de los Diputados, doña Meritxell Batet ha dicho poco menos que el presidente del ejecutivo, por muy en funciones que se encuentre, aparecerá por el órgano donde reside la soberanía nacional cuando le venga en gana. La independencia del poder judicial ha quedado reflejada en la actuación de un juez llamado Marchena quien, tras un proceso impecable, tendrá que dictar sentencia sobre la actuación de los políticos catalanes presos por haberse tomado el estado de derecho a pitorreo y al que acuden cuando así conviene a sus intereses y vituperan cuando no cuadra con sus planteamientos.

En Córdoba el poder judicial está poniendo en su sitio a quienes, con más dosis ideológica que legal, acometieron, a falta de otras iniciativas, su interpretación particular de la ley de Memoria histórica en lo que a cambio de nombre de calles se refiere. En el caso del cronista Rey Pastor ha sido el poder judicial quien ha paralizado el cambio. Otro tanto ocurre con la plaza de Cañero cuya eliminación del callejero ha terminado ante la justicia. El dedicar a Cañero una plaza fue decisión de una corporación democrática, siendo el alcalde del Partido Comunista. Se respondía a una petición vecinal, según señala el fallo judicial que ha puesto en solfa que se le quitase dicho nombre a la plaza. Se indica además en el mencionado fallo que la corporación señalaba que dicho nombre  no se ponía “para enaltecer a la extinta dictadura…sino en reconocimiento a la generosidad del señor Cañero, que donó unos terrenos para la construcción de viviendas destinadas a las clases más desfavorecidas de la ciudad”.

Otra de las calles rotuladas con nuevos nombres es la que estaba dedicada a José María Pemán, algo decidido también por un ayuntamiento democrático y que ahora se ha denominado como  Corso Maltés, cuya vinculación con la ciudad es fruto de un extraordinario prodigio imaginativo.

Cuando la interpretación de la ley la hacen quienes, como en la anterior corporación, ponen por delante motivos tan ligados a sus planteamientos ideológicos que ni se molestan en indagar las razones que llevaron a que se tomaran ciertas decisiones, se llega a situaciones como estas. Lamentables siempre, pero más aún en una ciudad que requiere de otras iniciativas para salir de la posición en que quedaba hace dos años, la de farolillo rojo del paro entre las capitales de provincia de España. Algo a lo que colaboran planteamientos como la persecución a que se ha sometido en el pasado mandato a alguna empresa que aporta un importante número de puestos de trabajo a la ciudad.

(Publicada en ABC Córdoba el 7 de agosto de 2019 en esta dirección)

(Imagen de Pixabay)