Una de las cuestiones de más calado que han de resolver las administraciones locales es una adecuada ejecución presupuestaria. En gran medida esa ejecución es la transformación en realidad de lo que en el presupuesto municipal es pura teoría. En términos aristotélicos sería la transformación de la potencia al acto.
Todo apunta, cuando estamos entrando en la recta final del mandato de la actual corporación cordobesa, a que buena parte del presupuesto se ha quedado en muchas potencialidades y muy pocos resultados prácticos. La debilidad de la ejecución presupuestaria, más allá de capítulos dedicados al pago del personal al servicio de la administración municipal y sus empresas o a gastos corrientes, no es ya sólo una acusación política que se lanza desde las filas de la oposición, sino que las llamadas de atención llegan desde los servicios técnicos del consistorio. Tal es el caso de la intervención municipal, que ha señalado en un informe la escasa ejecución del presupuesto de inversiones.
La situación es tal que Pedro García, el primer teniente de alcalde del bipartito, reconocía ya a primeros de año que la ejecución presupuestaria no era buena. Un forma suave de señalar la incompetencia del gobierno municipal que no ha hecho sino aumentar con el paso de los meses. Hay importantes partidas presupuestarias, como es el caso de los conocidos como fondos Edusi, que provienen de la Unión Europea en un ochenta por ciento cuya ejecución es nula a estas alturas del año y que se trata de una partida que roza los diecinueve millones de euros.
Es en la capacidad para llevar a cabo las inversiones presupuestadas donde realmente se mide a un gobierno municipal. Gran parte de los demás capítulos del presupuesto son de «andar por casa», ya que se ejecutan por la propia inercia administrativa de la institución. Esa débil ejecución tiene atascados importantes proyectos que contemplan notables mejoras en las infraestructuras de la ciudad, lo que se traduce en una imagen deplorable del Consistorio porque de su ejecución depende en buena medida el cumplimiento de las promesas de quienes gestionan lo público. Un caso paradigmático —traído en más una ocasión a esta columna— es el de las obras de restauración del convento de Regina, una intervención incluida en el Plan de Grandes Ciudades y que el actual gobierno, haciendo bueno aquello de modificar la plana a lo programado por anteriores gobernantes, decidió dar un uso diferente al previsto. Pasaría de ser un museo de las cofradías y en el que se recogerían otros aspectos de la ciudad a ser destinado a «contenedor cultural», sin mayores especificaciones. Los retrasos que ya acumulaba entonces la obra se han convertido en una especie de enfermedad crónica. En esta obra, a la que se han concedido diversas prórrogas en sus plazos de ejecución, se acumulan los despropósitos, incluida la renuncia de la empresa adjudicataria de la obra. Hoy no se sabe muy bien en qué va a parar el «contenedor» y pesa sobre la obra la amenaza de pérdida de los fondos que aporta la Junta de Andalucía. Lo que parece seguro es que concluirá el mandato municipal y el convento de Regina seguirá exhibiendo el estado ruinoso que ofrecía cuando comenzó su andadura.
La consecuencia de este despropósito es que las arcas municipales cuentan con muchos millones de euros procedentes de la no ejecución presupuestaria, pese a que hay numerosos «santos» a los que es necesario «vestir» y algunos de ellos de forma urgente.
(Publicada en ABC Córdoba el 11 de agosto de 2018 en esta dirección)