Hay personas que sostienen que los representantes públicos han de ser gestores. Hay, incluso, quienes sostienen que han de ser exclusivamente gestores. Lo señalan, principalmente, cuando se trata de las administraciones locales y suelen mostrar cierta condescendencia, para lo que entienden como política, en caso de la administración autonómica o estatal. No comparto esa opinión. En el ejercicio de la actividad pública y de manera muy concreta en el caso de las democracias, la política juega un rol fundamental, ya que son los políticos quienes toman las decisiones sobre los aspectos de la vida pública ciudadana, de acuerdo con sus planteamientos ideológicos.
Los representantes públicos han de ser políticos, lo que no excluye que sean buenos gestores. Los recursos son siempre limitados y, en consecuencia, las necesidades van siempre por delante de ellos. Cierto es que, con más frecuencia de deseable, sucede que siendo los recursos de las administraciones públicas limitados, se han destinado fondos a cuestiones que, desde luego no tiene una explicación racional. Es el caso de ciertos cursos promovidos por la Junta de Andalucía, cuyo título causa bochorno. Igualmente, ha ocurrido con la creación de una administración paralela que se ha utilizado, en gran medida, para dar cabida a correligionarios y amigos, llegándose en ocasiones, incluso, a postergar la actuación de los funcionarios para llevar a cabo actuaciones que no habrían pasado los controles de la propia administración. Pese a todas esas detestables realidades, los políticos, principalmente en una democracia, no pueden ser exclusivamente gestores. Otra cosa, muy diferente, es que a los políticos haya que exigírsele que sean gestores competentes del dinero público.
Concluido este exordio, señalaré que la incapacidad de gestión de las inversiones que, según lo publicado por ABC, tiene el gobierno municipal de Córdoba es tan lamentable que resulta casi increíble. Es cierto que en el desarrollo temporal de los presupuestos los últimos meses de cada año viven un incremento en el gasto de inversiones, al haberse tenido que llevar a cabo trámites administrativos, a veces muy complejos, para que las inversiones presupuestadas se materialicen. Cierto que hay programas de inversiones que van más allá del ejercicio presupuestario que se encuentra en vigor. Pero que hayamos entrado en el mes de mes de noviembre con un ínfimo porcentaje ejecutado —no llegaría al cinco por ciento a finales de octubre—, de los recursos previstos en el presupuesto de 2017, resulta tan inaudito que parece inconcebible. Haber gastado poco más de dos millones de los cuarenta y seis presupuestados revela una incapacidad manifiesta. Agrava esa realidad el que llueve sobre mojado porque en la ejecución del ejercicio de 2016 ya aparecieron esas incapacidades y el Consejo Social señaló que había un serio problema con la ejecución de las previsiones presupuestarias.
Una ciudad, capital de la provincia con la tasa de desempleo más alta de toda España, no puede permitirse situaciones como éstas. Las inversiones públicas no tienen por qué ser la solución a los problemas de empleo, pero suponen un alivio en una situación como la que se vive en Córdoba. Significan posibilidades para las empresas que asumen esas inversiones, significan riqueza y, desde luego, puestos de trabajo. Esa manifiesta incapacidad en la gestión que revela la coalición de gobierno PSOE-IU da argumentos a quienes sostienen la exclusividad de gestores en los asuntos públicos, lo que significa dejar arrinconada la actuación política, elemento esencial en una democracia.
(Publicada en ABC Córdoba el 22 de noviembre de 2017 en esta dirección)