Escocia no es Cataluña. No sólo porque son territorios pertenecientes a estados diferentes -Reino Unido y España-, sino porque no sus circunstancias históricas y políticas no resisten una comparación.
Escocia fue un reino independiente durante siglos y defendió su independencia con las armas en la mano frente a los ingleses. Robert Bruce, por ejemplo, los venció en la batalla de Bannockburn (1314) y mantuvo la independencia escocesa durante cerca de cuatro siglos hasta que por un acuerdo, la llamada Acta de Unión de 1707, ambos reinos se unieron más allá de tener un mismo monarca, como ocurría desde comienzos del siglo XVII cuando Jacobo VI de Escocia -primo de Isabel I de Inglaterra- se convirtió también en rey de los ingleses con el nombre de Jacobo I al morir Isabel sin descendencia. El Acta de Unión fue rechazada, desde el principio por buena parte de los escoceses. El día que se firmó el acuerdo aprobado por los parlamentos de Londres y Edimburgo se produjeron en la capital de Escocia numerosa protestas. A diferencia de Escocia, Cataluña nunca ha sido un reino independiente. Ni siquiera reino, pese a las falsificaciones históricas de algún archivero catalán obnubilado por planteamientos románticos en el siglo XIX. No hubo una corona catalanoaragonesa como, de forma artera, algunos señalan. Existió una Corona de Aragón a la que pertenecían los llamados condados catalanes. Las diferencias históricas entre Escocia y Cataluña son, pues, nítidas y profundas, más allá de las leyendas e interpretaciones torticeras que hoy tienen recorrido en los ambientes independentistas de Cataluña donde incluso se da cabida a monumentales sandeces con apoyo financiero de la Generalitat.
Desde una perspectiva legislativa, el Acta de 1707 contemplaba la disolución de la unión en determinadas circunstancias. Por lo que la separación de Escocia del resto del Reino Unido de Gran Bretaña es una posibilidad legal. Por el contrario, la Constitución española de 1978, que fue mayoritariamente aprobada por los catalanes en referéndum y que constituye la piedra angular de toda la legislación estatal, autonómica y local, no contempla la posibilidad de que ningún territorio del Reino de España puede utilizar mecanismo alguno para separarse de él. Lo que en Escocia es legal en Cataluña no lo es. El referéndum celebrado en Escocia el 18 de septiembre de 2014 para decidir la separación de Escocia, posibilidad rechazada por los escoceses, podía celebrarse porque está contemplado en la legislación del país. El empeño de la Generalitat en la celebración de un referéndum en Cataluña es ilegal.
Por último, el nuevo referéndum que el gobierno de Escocia nuevamente plantea para desligarse del Reino Unido es una consecuencia de su salida de la Unión Europea, algo que los escoceses rechazaron cuando en el referéndum del pasado junio se aprobó la salida británica de dicha Unión. Si ahora quieren desligarse del Reino Unido es para no verse arrastrados en dicha salida, que consideran gravemente lesiva para sus intereses. En el caso de Cataluña un referéndum por la independencia supondría, caso de celebrarse y salir triunfadora la opción independentista, dejar de pertenecer a un Estado miembro de la Unión, lo que supondría verse abocados a abandonarla inmediatamente, aunque, como en el terreno histórico, los independentistas urdan burdas patrañas para esconder dicha realidad.
Pactar con el gobierno de España una vía escocesa para Cataluña, como plantean Puigdemont y Junqueras, no es sino un despropósito histórico, político y legal.
(Publicada en ABC Córdoba el 1 de abril de 2017 en esta dirección)