La forma de adjudicar un contrato -desvelada por ABC- cuyo objeto es conocer el estado de la situación cultural cordobesa y conocer sus fortalezas y debilidades, realizado por la delegación de Cultura de la Diputación Provincial tiene todas las trazas de haberse realizado con el propósito de hacer una adjudicación torticera. Tener un conocimiento sobre las capacidades y deficiencias que ofrece el panorama de la cultura cordobesa, siendo una cuestión que consideramos interesante, no parece ser de una urgencia tal que explique la rapidez con que se ha actuado. Tampoco puede fundamentarse esa urgencia, a las alturas del año en que nos encontramos, en la necesidad de realizar el concurso a toda prisa ante la necesidad adjudicar trabajos u obras porque el tiempo presupuestario se encontrara a punto de finalizar. Faltan muchos meses para llegar a fin de año.
En el concurso en cuestión, sacado a licitación por Marisa Ruiz, diputada de Cultura, representante de Izquierda Unida en la Corporación Provincial, podía tramitarse bajo la forma de un contrato menor dado que la cuantía era inferior a los 18.000 euros -exactamente 17.500 que con el IVA llegaba a los 21.175-, que es el límite marcado por la ley. Si lo hubiera superado en un solo euro habría sido necesaria una licitación pública, lo que hubiera requerido un procedimiento de publicación y unos plazos mucho más amplios para que las empresas del sector realizaran sus ofertas. En este caso, la adjudicación puede realizarse con el trámite de solicitar presupuesto a tres empresas. Es lo que se ha hecho. Se las requirió el pasado 8 de marzo para que antes de las 14’00 del 11 de marzo presentasen sus ofertas económicas. El plazo era de 72 horas lo que apunta a una urgencia, propia de una situación de emergencia que, en modo alguno, parece ser el de la necesidad tener un conocimiento de la realidad de la cultura cordobesa.
También sabemos que en el proceso de solicitud de las ofertas se produjo alguna incidencia que hizo que las escuálidas 72 horas quedaran reducidas, porque la vía elegida para solicitar las ofertas a las tres empresas fue la del correo electrónico y una de las empresas tenía sobrecargado el buzón y no admitía la entrada de mensajes nuevos. Por lo que fue necesario utilizar otra vía para contactar con dicha empresa que declinó la invitación al señalar la falta de tiempo para poder hacerlo. Ese fue el argumento que inmediatamente señaló otra de las empresas a las que se invitaba a licitar para declinar su participación. En consecuencia, sólo quedaba una de las tres empresas. Una empresa llamada “Atrapasueños” y cuyo representante fue correligionario político de la diputada de cultura, al haber militado en Izquierda Unida y el Partico Comunista de España, quien el año pasado se definía a sí mismo como “un agitador de cultura alternativa” y se ha mostrado como defensor del bolivarismo y de las políticas llevadas a cabo en la Venezuela de Chávez y Maduro. Así mismo el presidente de “Atrapasueños” es militante de Podemos. Nada que objetar a sus posicionamientos políticos, pero sí nos queda un regusto que da lugar a algo más que una sospecha sobre una actuación torticera en todo este proceso que parecía tener un destinatario concreto y sólo había que revestir de legalidad el proceso. Muchas veces lo legal no es justo. “Atrapasueños” ha atrapado los 17.500 euros destinados a analizar las fortalezas y debilidades de la cultura cordobesa. Las declaraciones de la diputada para explicar esta improvisación, poco convincentes.
(Publicada en ABC Córdoba el 16 de abril de 2016 en esta dirección)