Nos hallamos ante un catálogo de subidas impositivas que se alejan de lo recriminado al PP o prometido ahora en el gobierno.
Donde dije digo, digo Diego. Ese parece ser otro de los principios por los que se rige la nueva Corporación municipal cordobesa, al menos en lo que a materia impositiva se refiere. Hace un año, IU y PSOE se oponían a las ordenanzas fiscales para el año en curso, que los populares presentaban al pleno en su condición de equipo de gobierno. El argumento utilizado era que para la elaboración de tales ordenanzas debía utilizarse el Índice de Precios al Consumo (IPC) correspondiente al mes de agosto y que entonces presentaba una caída del 0,5 por ciento. Utilizando ese mismo argumento, que señalaría coherencia en sus planteamientos, la fiscalidad municipal del próximo año debería bajar el 0,4 por ciento. Es la dirección a la que apunta una lógica elemental. Pues, no. No hay lógica que valga. Las ordenanzas fiscales explicadas, sólo a medias, por la concejala del ramo con una andanada de verborrea social van a subir muy por encima de lo que eran sus exigencias hace un año, cuando ocupaban los bancos de la oposición. Los impuestos en lugar de bajar un 0,4 por ciento tendrán un incremento del 1,8 por ciento, y las tasas, subirán un 0,6 por ciento. Lo dicho, donde dije digo, digo Diego.
Hay más. La coalición gobernante anunció en campaña y en septiembre que sus planteamientos en materia de impuestos y tasas pasaban por la congelación fiscal. Era algo que venía a romper la tendencia a la baja en materia impositiva de los últimos tres años, pero era el compromiso anunciado. Tampoco ha habido cumplimiento de la promesa. Va a subir un 3 por ciento el impuesto de vehículos de aquellos automóviles que tengan 12 o más caballos fiscales. Va a subir, nada menos que un 8 por ciento, el billete simple de autobús. Va a subir, un 2 por ciento, la tasa por la recogida de basura. Va a subir el impuesto de plusvalía que lo hará en un 10 por ciento; con lo cual, quien vaya a vender un piso, quizá hasta por necesidad, vea mermado de forma considerable el dinero a percibir por la transacción. Va a subir el Impuesto de Bienes Inmuebles de rústica, que engloba a los miles y miles de parcelas que hay censadas en el término municipal y que sufrirá un incremento del 2,55 por ciento. También desparecen las bonificaciones del Impuesto de Bienes Inmuebles para las viviendas que superen los 46.000 euros, lo que tiene muy poco de social, ya que los valores catastrales sitúan en esa cifra viviendas muy humildes. Se trata de una subida encubierta, que es tan poco social como la subida de la tasa de basura —un 2 por ciento—, argumentada por la edil del ramo con la zafiedad de que se trata de dos euros al año.
Por ahora ha quedado pendiente el anuncio estrella de la nueva fiscalidad municipal. El de subir el 50 por ciento a las viviendas que estuvieran vacías, anunciada con bombo y platillo —ahora, quien hizo el anuncio ha tenido a bien negarlo— en los primeros días del cogobierno. La alcaldesa se ha limitado a señalar que para 2016 queda pendiente, ya que es una cuestión a estudiar al existir numerosas dudas sobre su base legal. Pero no es óbice para que nos encontremos con un catálogo de subidas que se alejan de compromisos prometidos y echan por tierra los argumentos utilizados para votar antes contra lo mismo que ahora proponen. Eso se llama… incoherencia.
(Publicada en ABC Córdoba el 7 de octubre de 2015 en esta dirección)