Es posible que el titular de la columna parezca la exageración, que el tópico se encarga de mantener viva, propia de un andaluz. Sin embargo, responde a lo que las cifras señalan, de forma reiterada, sobre la realidad social y económica de Andalucía. El último informe de Eurostat señala que Extremadura, Melilla y Andalucía se encuentran entre las regiones más pobres de Europa. En concreto, la renta de los Andaluces se encuentra en el 70 por ciento de la media europea, mientras que las regiones más prósperas de España, caso de la comunidad de Madrid, su nivel de renta se sitúa en el 128 por ciento, lo que traducido más allá de los porcentajes nos indica que la renta de los madrileños es casi el doble que la de los andaluces.
Esta situación que presenta el informe de Eurostat se ve refrendada con muchos otros datos. Como son los valores del producto interior bruto de Andalucía, muy por debajo de la media nacional. Como lo es también el montante de la inversión extranjera, cuyas cifras son escuálidas si se las compara con las de otras zonas del país. Dicha inversión no llega al 2 por ciento del total en España; producen sonrojo si se tiene en cuenta que Andalucía representa el 20 por ciento de su población y el 17 por ciento de su extensión territorial. ¿Por qué no hay inversión extranjera en Andalucía? ¿Por qué, si según el gobierno andaluz, Andalucía es la primera? ¿Por qué esa realidad si, según el gobierno andaluz, no sólo ha habido una modernización, sino que ha hablado reiteradamente de una segunda modernización? ¿Por qué, si los gobernantes de la Junta, han comparado Andalucía con California?
A unas raquíticas inversiones añadamos que las cifras de paro en Andalucía se encuentran más de diez puntos por encima de la media nacional -hay en estos momentos un millón de parados en Andalucía-, o que el paro duplica sobradamente el que soportan otras regiones. Si también tenemos en cuenta que la tasa de fracaso escolar de los alumnos andaluces -pese a los fracasados esfuerzos de la consejería de Educación por incentivar económicamente a los profesores que incrementaran el número de aprobados- es la más elevada es España, nos encontramos con un panorama que sólo podemos calificar como desolador.
Esta situación no es fruto de una crisis como la que nos sacude, pese a empezar a verse luz al final del túnel, sino la consecuencia de un periodo de tiempo más largo. En Andalucía, desde hace más de treinta años, los gobiernos han sido socialistas -en dos legislaturas ha contado con apoyos puntuales de andalucistas e Izquierda Unida-, pero el peso del gobierno ha sido del PSOE que ha hecho de la política de subvenciones uno de sus ejes. Una política que ha tenido, a la vista está, funestas consecuencias y ha revelado una maraña de intereses sostenidos por esa forma de hacer política, amén de formar clientelismos, también descubiertos, siendo llamativos, por más recientes, casos como el de la delegada de empleo de Jaén o el de la de Educación de Córdoba para quienes la administración es una palanca política que debe responder a intereses partidarios. Para salir de una situación como la que arrastramos hay que implementar políticas que dejen a un lado la subvención como instrumento clave de impulso económico e incentivar el esfuerzo y la excelencia frente a falsos igualitarismos, por lo general mal entendidos.