LAS diputaciones provinciales, una creación del estado liberal decimonónico, que en gran medida constituían un instrumento del poder centralizador de ese Estado, son la institución política más importante con que cuentan las provincias. Pese a ello son las grandes desconocidas de la política española. Los ciudadanos perciben con nitidez la referencia política que supone su ayuntamiento, otra cosa es que conozcan cuáles son sus competencias y, consecuentemente, sus responsabilidades. Las diputaciones, por el contrario, no son percibidas con claridad, pese a que su poder económico es muy grande.

La Diputación cordobesa gestionó un presupuesto que para el año 2014 fue de 210.792.555,17 de euros a los que han de añadirse otros 95.706.556,78 más que fueron presupuestados para los diferentes patronatos, institutos provinciales, fundaciones, sociedades o agencias dependientes del organismo provincial. La suma de esas dos cifras se sitúa en niveles incluso superiores a los del Ayuntamiento de Córdoba, que para el ejercicio de 2014 manejó cantidades algo más pequeñas: 303.190.060,61 de euros de gastos, mientras que la previsión de ingresos era de 309.110.930,13.

Con esas cantidades las actuaciones de las diputaciones se extienden a áreas muy amplias que van desde infraestructuras tales como depósitos y conducciones de aguas o centros de reciclaje de residuos, a la red de carreteras secundaria, pasando por la gestión de la recogida de basuras, suministros de agua, promoción de viviendas y numerosas obras municipales articuladas a través de los llamados Planes Provinciales de Obras y Servicios. También ejercen una importante labor de mecenazgo cultural como señalaba, hace unos meses, en un espléndido discurso, la doctora María del Carmen Martínez Hernández, poniendo de manifiesto la labor realizada por la Diputación cordobesa a lo largo de sus doscientos años de existencia. Además, actúa como numen tutelar de los ayuntamientos cuyo vecindario no alcanzan los 20.000 habitantes, población que sólo supera un número muy deducido de municipios cordobeses. Si a ello unimos que, a través de la Empresa Provincial de Recaudación (Eprinsa) tiene el grifo del numerario de la práctica totalidad de los ayuntamientos, podemos imaginarnos el enorme interés que entre los partidos políticos suscita el gobierno de las diputaciones, al tiempo que explica la batalla, por ahora sólo numérica, que se ha desatado para conseguir los votos necesarios en localidades determinantes, en cada circunscripción, para la elección de los diputados provinciales.

Todo apunta, en este momento, a que el gobierno de la Diputación de Córdoba, va a decidirse por muy poco. Los socialistas hacen mal en darse por ganadores, según las cuentas que están echando. Los populares que han gobernado la institución en los últimos cuatro años van a luchar por cada voto y en muchos de esos enclaves a que nos hemos referido tienen buenas perspectivas. El PSOE se equivoca si piensa que lo ocurrido en el 2011 fue un accidente. Entre otras cosas porque, con la descomposición en que se encuentra Izquierda Unida, que ha sido su muleta en otras ocasiones, los comunistas no parecen estar en condiciones de prestarles mucho apoyo y en Córdoba, donde se decide prácticamente el cincuenta por ciento de la Diputación, las perspectivas del PSOE, como siempre, no son buenas.

(Publicada en ABC Córdoba el 14 de febrero de 2015 en esta dirección)