LA capacidad de la consejería de Educación para eludir sus responsabilidades y endilgarle a los ayuntamientos, sobre todo si no están gobernados por el PSOE, lo que son sus responsabilidades, es ya algo más que una costumbre. Lo ha convertido en una tradición porque la práctica esta tan antigua como la propia existencia de la consejería.

Las competencias educativas en Andalucía se encuentran en manos de Junta desde que le fueron trasferidas por el Gobierno central en los primeros años de la década de los ochenta del pasado siglo. Esas competencias, en lo que a la construcción y mantenimiento de los centros educativos se refiere, corresponden a la Junta. Sólo en el caso de la Educación Infantil y Primaria el mantenimiento corresponde a la Administración local. Sin embargo, la Junta ha actuado a su antojo.

Obligó a los ayuntamientos a endeudarse para construir la red de institutos de enseñanza secundaria, cuando la LOGSE incluyó en este ciclo a los alumnos de doce años y la red de centros resultaba claramente insuficiente. Se comprometió a devolver el dinero a los ayuntamientos, pero quienes contrajeron los créditos fueron las corporaciones locales. Había, además trampa. Si el precio real de la obra sobrepasaba el costo por el que se había redactado el proyecto, el pagano del sobrecoste era el ayuntamiento, que no tenía voz ni voto en la ejecución de las obras. Pese a que además de adelantar el dinero, ponía el terreno, que había de ser aceptado por Junta, lo que conllevaba que fuera parcela urbanizada, es decir dotada de todos los equipamientos que, lógicamente había pagado el ayuntamiento de marras. Si la obra se desmadraba —los años de la construcción de esa red de institutos fueron los del desmadre constructivo—, el ayuntamiento corría con el desmadre. En cuanto al mantenimiento de los centros de Infantil y Primaria, dejó caer sobre las administraciones locales obras que nada tienen que ver con los mantenimientos, aprovechándose de que las presiones de las AMPAS se dirigen, cuando surgen problemas, a la administración más cercana y en contadas ocasiones llegan hasta las delegaciones de la consejería. Más allá de la limpieza, pintura y reparación de los desperfectos -reparación de una cisterna estropeada, cambio de un cristal roto, modificación de un acceso, poda anual de los árboles o arreglo de alguna gotera-, las delegaciones de Educación hacen caso omiso a la demanda obras de envergadura que para nada corresponden a la Administración local, so capa del mantenimiento. Las delegaciones ahuecan el ala si hay que cambiar el tejado de un centro, o se necesita modificar el sentido de apertura de la puertas de todo un centro porque lo requiere su plan de evacuación. La misma actitud mantiene, por ejemplo, en lo referente a la eliminación de barreras arquitectónicas. Obras que quedan muy lejos del mantenimiento a que están obligados los ayuntamientos

El catalogo de incumplimientos, amparándose en la lejanía de los administrados, es tan amplio que sonroja. La práctica continúa. La consejería de Educación haciendo dejación de sus obligaciones, contradice la legalidad un curso detrás de otro y un ejercicio de desfachatez política que ya no causa sorpresa en los ayuntamientos porque sus reiterados incumplimientos son… tradición.

(Publicada en ABC Córdoba el 17 de septiembre de 2014 en esta dirección)