El órdago de Susana Díaz al retirar a IU las competencias de Vivienda es de los que hacen época. Resulta complicado dar marcha atrás.
SIN competencias sobre vivienda. Así es como ha dejado Susana Díaz a la cordobesa Elena Cortés, la consejera de Fomento y Vivienda. El decreto firmado por la presidenta de la Junta, publicado ya en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, retira las competencias sobre la adjudicación de viviendas protegidas de titularidad autonómica. El decreto presidencial ha levantado una enorme polvareda y abierto una crisis, sin precedentes, en el gobierno andaluz formado por una coalición de socialistas y comunistas que se hizo necesaria, después de que los últimos comicios fueran ganados por el PP, aunque sin lograr la mayoría absoluta. El origen de todo se encuentra en la entrega a las llaves de una serie de viviendas protegidas de la Junta de Andalucía, destinadas a dar alojamiento a familias con dificultades para acceder a una vivienda, a los ocupas de la llamada Corrala Utopía —un montaje de Izquierda Unida—. Habían sido desalojados en cumplimiento de una orden judicial y se habían instalado en la Plaza Nueva, frente al Ayuntamiento de Sevilla en señal de protesta por el desalojo. Resulta palmario que la decisión de la consejería, saltándose las listas de espera y la normativa que regula el acceso a estas viviendas con largas listas de espera, además de hacerse al margen de la legalidad, ha buscado dar un golpe de efecto. Un golpe de efecto como el que dio al expropiar temporalmente a los bancos el uso de las viviendas, cuyos moradores, al ser desahuciados, quedaban en riesgo de exclusión social. El ruido de tal decisión ha tenido mucho más ruido que las nueces. El entonces presidente de la Junta, José Antonio Griñán tragó con la iniciativa de la consejera comunista. Pero en esta ocasión, las cosas han rodado por un camino muy diferente.
Ante la posibilidad de la entrega de las llaves, sin haberse llevado a cabo los trámites necesarios y pasando por encima de otras familias con necesidades similares que aguardaban turno, desde la presidencia de la Junta se hizo una advertencia a la consejería advirtiendo de la posible ilegalidad de la medida. Elena Cortés hizo caso omiso y se lanzó a una política de hechos consumados, pensando que «a lo hecho, pecho». Sin embargo, se ha encontrado con una bofetada sin precedentes en nuestra democracia.
La situación creada tiene difícil encaje. Una de las opciones es que Susana Díaz de marcha atrás y restablezca las competencias a la consejera. La presidenta quedaría desacreditada. La otra que la consejera se quede sin la competencia con lo que la desacreditada sería ella. Lo lógico y razonable, en este segundo supuesto, es que presentara su dimisión irrevocable. La descalificación a su actuación de tal contundencia que no se puede llegar a más. La reacción de Izquierda Unida ha sido suspender «momentáneamente» su acuerdo de gobierno y mostrarse dispuestos a dialogar sobre la base de exigir a la presidenta de la Junta que devuelva las competencias quitadas a la consejería. El órdago lanzado por Susana Díez es de los que hacen época y, precisamente por ello, resulta complicado dar marcha atrás.
¿Estamos ante un anticipo electoral?
(Publicada en ABC Córdoba el 12 de abril de 2014 en esta dirección)