QUIENES han protagonizado la pifia no son, escolarmente hablando, producto de la Logse donde se alcanza nota con un mínimo de conocimientos. Se considera baladí conocer los afluentes del Duero por la margen derecha o por la margen izquierda. Hoy basta y sobra con saber en qué consiste un afluente, pero nada de Pisuergas, Eslas, Eresmas, Adajas o Tormes y mucho menos situarlos en el mapa. También se considera baladí saber qué provincias son de tierra adentro y cuales limitan con el mar. Pero en este caso no es el sistema educativo el culpable de la pifia, sino la negligencia —me resisto a creer que se trata de desconocimiento geográfico— de los diputados socialistas cordobeses en el Congreso que han preguntado, solicitando respuesta por escrito, acerca de las ocupaciones del dominio público marítimo, destinada a diferentes usos, afectados por la aplicación de la ley 16/2002 que existen en la provincia de Córdoba. La pregunta, formulada en términos muy técnicos, aparenta unos fundamentados conocimientos sobre la cuestión. Esa era la primera de las cuestiones que sus señorías planteaban de una larga batería, al mostrarse también interesados acerca de las instalaciones que podían prorrogar su actividad mientras se cumplía el trámite parlamentario para la reforma de dicha ley. Así mismo, deseaban saber cuántas construcciones o instalaciones tenían concedida licencia de ocupación del dominio público marítimo-terrestre en la provincia de Córdoba. También se interesaban por el número de construcciones e instalaciones situadas en dicho espacio que, sin la preceptiva licencia, habían sido últimamente legalizadas por interés público. Preguntaban por el número de construcciones o instalaciones que, situadas en el dominio público marítimo-terrestre de la provincia de Córdoba, carecían de la correspondiente licencia. Incluso solicitaban información sobre las construcciones o instalaciones que, afectas a dicho dominio público, habían sido demolidas durante los últimos años en la provincia de Córdoba. Como quiera que la modificación de la mencionada ley está en trámite parlamentario, deseaban saber igualmente cuántas construcciones podrán ser legalizadas con la entrada en vigor de la reforma.

La respuesta que han recibido a su manifiesto interés por las construcciones que, por alguna circunstancia, están afectadas por la normativa del dominio marítimo-terrestre ha sido muy escueta. Nada de largas listas de construcciones o instalaciones contabilizadas, autorizadas o demolidas por la reforma de la ley. Simplemente les han respondido que en la provincia de Córdoba no existe zona de dominio público marítimo-terrestre y por consiguiente no existen concesiones que amparen ocupaciones de dicho dominio público. Vamos, lo que han venido a decirles es que la provincia de Córdoba no tiene costas.