Habrá quien considere que, con las cifras de paro, los funcionarios son unos privilegiados por tener trabajo.

SALVO algunos empecinados en no dar crédito a lo que apuntan las denominadas cifras de la macroeconomía —Cayo Lara es un ejemplo a tenor de sus declaraciones propias de un profeta apocalíptico—, los organismos internacionales y el propio gobierno de España ven signos de recuperación. Así lo señala el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo y la Unión Europea, por boca de Olli Rehn, un tecnócrata habituado a dedicarnos lindezas económicas y laborales. Incluso cierta prensa anglosajona, que se ha regodeado con nuestra situación, para animar a los inversores internacionales a traer su dinero a nuestro país, lanza titulares como: «Viva España». Se nos dice y es cierto que la prima de riesgo ha caído en picado desde las aterradoras cifras del verano de 2012, que el estado va a ahorrarse más de 5.000 millones de euros en intereses, que las exportaciones crecen como nunca lo habían hecho anteriormente, que hemos recuperado competitividad —añaden algunos que esa recuperación no ha sido consecuencia de una mejora de nuestro sistema productivo, sino por la rebaja de los salarios—, que las cifras ofrecidas por el turismo pintan incluso un panorama poco menos que paradisíaco con más turistas y un mayor gasto, que hemos dejado atrás la recesión o que nuestra economía empieza a tener cifras de crecimiento. Sin embargo, hay una coletilla a todas estas señales positivas. El crecimiento es muy débil, no hemos salido de la crisis —lo afirmaba en Nueva York el propio presidente del gobierno—, existe el riesgo de no consolidar las expectativas, el paro sigue en niveles insoportables, el consumo interno no arranca… En definitiva, se nos dice que es necesario perseverar en el esfuerzo y en el terreno de esa perseverancia pasamos del campo de los signos al de las evidencias.

Por cuarto año consecutivo se congela el salario de los funcionarios y se les indica —también esto lo dijo el presidente del gobierno como si de una prebenda se tratase— que este año no se quedarán sin paga extraordinaria. Los funcionarios, entre reducciones salariales —Zapatero bajó los sueldos entre un cinco y un ocho por ciento y no de forma coyuntural como es el caso de no cobrar una paga extraordinaria— y congelaciones han perdido una parte muy considerable de su poder adquisitivo. Habrá quien considere que, con la aterradora cifra de paro que tenemos, los funcionarios son unos privilegiados al mantener su puesto de trabajo. Supongo que son los mismos que se mofaban del funcionariado cuando en los años del jolgorio sus salarios apenas alcanzaban a cubrir la inflación y eran muchos los que ganaban los euros como si fueran pesetas.

Hay unos servidores públicos —más allá de los mastodónticos desmadres administrativos que se han llevado a cabo en la función pública—, cuya actividad es imprescindible para el funcionamiento del país. En ellos están residenciados servicios como la educación, la sanidad, la seguridad ciudadana, la administración de justicia o la defensa nacional. Todos esos servidores públicos tienen la certeza de que el próximo año tendrán el sueldo congelado —las vacas siguen todavía estando flacas—, pero también la penosa evidencia de que en tiempo de vacas gordas fueron otros quienes disfrutaron de sus ubres.

Publicada en ABC Córdoba el 2 de octubre de 2013 en esta dirección)